Estudio: castigos exagerados por uso de drogas de bajo impacto

Un nuevo estudio revela que el encarcelamiento masivo por delitos no violentos relacionados a drogas de bajo impacto, sigue aumentando en el continente americano —incluyendo por supuesto a México y Estados Unidos. Esto ocurre a pesar de discursos de apoyo a políticas sociales de prevención, de promesas de aumentar tratamientos y de leyes más flexibles sobre el uso de drogas como la marihuana.

“Existe una diferencia entre el discurso y la realidad”, dice el investigador Sergio Chaparro, co autor del estudio ‘Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina’, presentado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), una organización con oficinas y representantes en varios países del continente y cuyo objetivo es analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas. “Varios paises hablan de un mayor énfasis en el aspecto social, como tratamientos para las adicciones, pero esto no se refleja en la práctica policial”.

Según el estudio, que incluye 10 países, en todos las naciones latinoamericanas estudiadas, con excepción de Bolivia, la población encarcelada por drogas aumentó más rápido que la población carcelaria en general, entre 8 y 33 veces en los últimos 15 años, según el país.

En México, en 2012 el 62% de las personas en cárceles federales lo estaban por delitos de drogas. De éstas, el 58.7% fueron sentenciadas por un delito relacionando a mariguana y, de estos casos, el 38.5% por el delito de posesión. Según la investigación, 10.2% de la población en las cárceles federales en ese entonces, ó 1,509 internos, estaba sentenciada solamente por conductas relacionadas con “consumir” o “traer consigo” marihuana.

“Hay que destacar que en México, gracias a un fallo de la Suprema Corte de 2016, el consumo está despenalizado y se permite portar drogas para consumo personal”, explica Chaparro desde su oficina en Ciudad de México. “O sea que muchas personas están injustamente en la cárcel, en parte por la falta de criterios judiciales claros”.

Los autores del estudio ven un uso excesivo de medidas policiales en respuesta al consumo de drogas, y destacan que el encarcelamiento masivo afecta a familias y a la sociedad, mientras que el consumo de drogas no disminuye.

Por ejemplo, en 2012 en Argentina mostró que 80.5% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas era el principal sustento en su hogar. En Colombia, entre 2010 y 2014, el 93% de las mujeres encarceladas por drogas tenían hijos, mientras el 52.8% eran madres solteras. En todos los países estudiados, el encarcelamiento de estas mujeres puede tener consecuencias devastadoras para sus hijos y familias, y por lo tanto para la sociedad en general pues se crea un círculo vicioso de pobreza que empuja a las personas al consumo o tráfico de drogas.

“El sistema penitenciario es una industria muy poderosa y hay muchos intereses que afectan las decisiones de los gobiernos”, asegura Chaparro. Esto se observa más claramente en Estados Unidos, donde las cárceles privadas cobran al estado por cama y por día, al igual que un hotel. Naturalmente, esta industria quiere ver más gente en las cárceles y entonces aboga permanentemente por leyes más estrictas y un mayor uso de políticas represivas en el caso de las drogas.

El estudio sugiere que la cárcel debería ser el último recurso en el caso de las adicciones a las drogas.

“Hay que buscar alternativas al encarcelamiento por delitos menores”, explica Chaparro. “Por ejemplo, hay que corregir las causas por las que la gente se dedica al tráfico y consumo de drogas”.

El investigador concluyó pidiendo mayor participación de la ciudadanía para solucionar el grave problema social del encarcelamiento masivo, que en Estados Unidos afecta directamente a comunidades negras y latinas.

“Con los recursos que se invierten en el encarcelamiento masivo se pueden implementar programas meas eficientes”.

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