Censo 2020: denuncian maniobras discriminatorias contra conteo de la población

Poster de publicidad del Censo 2010
(Cortesía US Census Bureau)

Desde 1790 y cada diez años el Censo cuenta a todas las personas que viven en el territorio nacional, según lo establece la Constitución.

Aparte de contar a quienes están en el país, la importancia del censo radica en que los datos obtenidos en el conteo se usan para la distribución de fondos federales —destinados a educación, transporte, salud—, creación de nuevos distritos electorales, y más. Inclusive, muchas empresas utilizan los datos del censo para ampliar sus negocios y abrir nuevos locales, lo que aporta a las economías locales.

Durante décadas, distintas organizaciones han presionado a las autoridades del Censo a mejorar sus técnicas de conteo para evitar que sectores de la población sean ignorados.

Y el próximo Censo de 2020 viene precedido de una fuerte controversia y mucha desconfianza. 

“El Censo 2020 ha recibido menos dinero de lo esperado, estamos hablando de $933 millones menos!”, dice Vanita Gupta, presidenta de The Leadership Conference Education Fund, con base en Washington. “Un mal conteo puede resultar en menos representación política y menos recursos económicos para ciertos sectores de la población, principalmente minorías”. 

Para algunos expertos y activistas de los derechos civiles, el gobierno del presidente Donald Trump parece no estar haciendo lo necesario para que el Censo cumpla correctamente su función de contar a las personas, sin consideración de su situación migratoria.

“En Censo siempre se alia y trabaja con organizaciones y asesores que ayudan a que todos sean contados”, indica Arturo Vargas, Director Ejecutivo de NALEO (National Association of Latino Elected and Appointed Officials). “Pero ahora esta colaboración no se ve”.

Pero el centro de la polémica del próximo Censo radica en la incorporación de una pregunta relacionada a la ciudadanía de la persona entrevistada. Muchos activistas consideran que esta pregunta hará que muchas personas no quieran ser contadas por temor a revelar su situación migratoria. De ser así, los latinos serían muy afectados. Y de resultar así, fondos destinados a escuelas y programas sociales en zonas y barrios latinos estarían en peligro.

“Nosotros hablamos con el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, para expresarle nuestra preocupación sobre la pregunta de la ciudadanía,” explicó Vargas. “Pero por lo visto no nos escuchó”. 

Esta y otras anomalías por parte de las autoridades del Censo llevaron a Vargas a concluir que “estas son tácticas para asustar a la gente para que no participen en el Censo”.

Las autoridades aseguran que los datos obtenidos son confidenciales y que por lo tanto las personas no deben temer. Pero activistas de los derechos civiles advierten sobre la detención de más de 100.000 japoneses-americanos durante la II Guerra Mundial (1939-1945). Esos arrestos, afirman, fueron posibles porque el Censo entregó información confidencial de miembros de esa comunidad a las autoridades militares. Con EE.UU. en guerra con Japón, Washington decidió la detención de los japoneses-americanos, especialmente quienes vivían en la Costa Oeste. Al terminar la guerra, los detenidos pudieron regresar a sus hogares pero después de cuatro años de detención, habían perdido sus propiedades y empleos.     

Pero la pregunta sobre la ciudadanía no solo afectaría a los latinos. De acuerdo a John C. Yang, Presidente y Director Ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC), la comunidad asiática también sería afectada.

“El Censo 2010 reveló que nuestra comunidad creció un 46% en relación al Censo 2000”!, dijo Yang. “El 90% de nuestra comunidad es de inmigrantes o hijos de inmigrantes y la pregunta sobre la ciudadanía podría afectar el conteo de nuestra gente”.

Yang agregó que las autoridades del Departamento de Comercio —responsable del Buro del Censo— han reconocido que para 2020 en Censo dispondrá de la mitad de encuestadores y de las oficinas regionales en relación al Censo 2010, situación que evidencia el poco compromiso por contar a toda la población del país.

Finalmente, Yang aseguró que es de interés de su comunidad colaborar con el Censo para que cumpla sus objetivos, pero no descartó la idea de demandar a esa agencia debido a las irregularidades mencionadas.

La comunidad negra también expresó consternación por el estado de preparación del Censo 2020, y por la subestimación del gobierno actual por el Censo y la politización del mismo. 

“En 2010, el Censo contó 2% menos de la población negra, pero en 2000 ocurrió lo contrario con la población blanca: se le aumentó el 1.1%!”, dijo Marc H. Morial, Presidente de National Urban League. “Esto es un síntoma de discriminación!”

Este error en el conteo significa menos fondos destinados a programas sociales y educativos en comunidades negras del país.

Morial también criticó que el Censo incluye a los prisioneros como residentes de la ciudad donde se encuentran las cárceles, en lugar de considerarlos por s=u lugar de residencia original.

“La comunidad negra representa el 12% de la población del país pero el 33% de los prisioneros”, comentó Morial. “Si el dinero que se distribuye no va a las comunidades de donde provienen, tenemos menos posibilidades de hacer un mejor trabajo comunitario”.

Morial unió su voz a las quejas de los activistas y organizaciones que señalan las groseras irregularidades del Censo 2020 y pidió estar alerta para ayudar a que cada comunidad se haga contar. 

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